Devolución Gastos Hipotecas

Tras las últimas resoluciones judiciales (ss T.S. de 23.12.2015 y A.P. Zaragoza y otras) se ha abierto la posibilidad de reclamar a las entidades bancarias LOS GASTOS satisfechos en la suscripción d PRESTAMOS HIPOTECARIOS por los particulares (consumidores).
A finales del 2015, nuestro Alto Tribunal hizo temblar de nuevo a la banca, al declarar abusiva la derivación de la totalidad de tales gastos a quien solicita el préstamo. La Sentencia del Tribunal Supremo declaró la nulidad de la cláusula de “gastos del préstamo hipotecario” inserta en las escrituras del BBVA, que ha dado lugar a un gran revuelo en los medios ante la posibilidad de reclamar al banco todos los gastos derivados de la formalización del préstamo.
Sin embargo, ¿es cierto que se puede reclamar a la entidad bancaria la devolución de todos los gastos? De no ser así, ¿qué gastos pueden reclamarse?
En primer lugar, hay que distinguir entre gastos derivados de la compraventa y los derivados de la escritura del préstamo hipotecario.
Es posible reclamar a la entidad bancaria la devolución de algunos de los gastos que genera el préstamo.

En concreto, la Sentencia analiza la nulidad en los siguientes casos: gastos de notaría, registro de la propiedad, impuesto sobre transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados, gastos derivados de la contratación de un seguro de daños y gastos pre-procesales, procesales o de otra naturaleza.

¿Cómo reclamar?.

Recomendamos iniciar los trámites de reclamación de forma extraprocesal, mediante una reclamación dirigida al defensor del cliente del banco, como paso previo y necesario a la reclamación ante el Banco de España.

Oliver & Galo ABOGADOS dispone del asesoramiento necesario para defender los intereses de sus clientes.

2 de Marzo de 2017

TS: trabajadores fijos discontinuos, se debe incluir el tiempo en que no se han prestado servicios efectivos a efectos del cómputo de antigüedad.

Recientemente, La sentencia de la Sala de lo Social del TS de fecha 20 se septiembre de 2016 (sentencia número 756/2016) ha confirmado una sentencia de la Sala de Lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Asturias que reconoció el derecho de una trabajadora, a que se le compute a efectos de antigüedad todo el tiempo transcurrido desde que empezó su relación laboral fija discontinua, incluyendo los periodos en que no ha habido prestación efectiva de servicios.
La sentencia recurrida dictada por la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Asturias de 31 de octubre de 2014 (rec. 1724/2014), acoge el recurso de suplicación de la trabajadora, y declara “el derecho a que le sea computado a efectos de la promoción económica y profesional vinculada a la antigüedad, todo el tiempo transcurrido desde el inicio de la relación laboral fija discontinua con inclusión de los periodos en que no ha habido prestación efectiva de servicios.” Asimismo considera, que “a efectos de determinar la fecha de adquisición de los derechos a la promoción económica (trienios) y a la promoción profesional, debe computarse todo el tiempo transcurrido desde el inicio de la relación laboral el 4 de febrero de 2009, que no solo los meses de prestación efectiva de servicios en cada campaña anual, siguiendo así el criterio del Tribunal supremo en Sentencia de 11 de noviembre de 2002 y de 11 de junio de 2014, que fija que el cómputo debe realizarse desde que se inició la relación, al no tratarse de trabajadores temporales cuyo vínculo con la empresa se extingue al finalizar el contrato, sino que se trata de trabajadores fijos discontinuos, cuyo “nexo contractual” con la empresa está vigente desde el inicio independientemente de la distribución de tiempos de prestación de servicios según los llamamientos que haga la empresa.
Concluye finalmente que la decisión empresarial conculca la doctrina y legislación que establece que “a los trabajos discontinuos que se repiten en fechas ciertas les será de aplicación la regulación del contrato a tiempo parcial celebrado por tiempo indefinido y el principio de igualdad de derechos con los trabajadores a tiempo completo, con la única particularidad de que, cuando corresponda en atención a su naturaleza, serán reconocidos de manera proporcional, en función del tiempo trabajado”.

La Clausula de rescisión de los futbolistas no tributara IRPF

La Dirección General de Tributos concluye que en el pago de la cláusula de rescisión no exista una tributación efectiva del IRPF, con lo que evita así un sobrecoste fiscal en el movimiento de jugadores.
Hasta ahora se entendía que el dinero que recibía el jugador de su nuevo club para pagar su cláusula de rescisión era un rendimiento del trabajo sujeto al Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, ya que el futbolista tenía su residencia fiscal en España el año en el que se producía su traspaso. Con el cambio de criterio de Hacienda tras la resolución vinculante de la DGT, la contratación de futbolistas vía clausula de rescisión será la opción más económica desde el punto de vista impositivo, ya que ha dejado de ser objeto de tributación vía IRPF y seguirá estando exenta de tributación vía IVA al considerarse una indemnización el pago por el futbolista para resolver su contrato.

EL CONTENIDO DE LA OBRA DE TITERES DE MADRID, PODRIA CONSTITUIR UN DELITO DE PROVOCACION AL ODIO

El pasado 6 de febrero, el Juzgado Central de Instrucción núm. 2 de Madrid, dictó un Auto por el que decretaba la prisión provisional y sin fianza de dos componentes de la compañía “Títeres desde abajo”, como presuntos responsables de un delito de enaltecimiento del terrorismo (art. 578 CP) y de un delito cometido con ocasión del ejercicio de los derechos fundamentales y libertades públicas garantizadas por la Constitución (art. 510).
Tras interponer recurso de reforma, apoyado por el Ministerio Fiscal, la resolución fue reformada por Auto de 10/02/2016 por la que -si bien se acuerda la libertad provisional de los titiriteros con prohibición de salir de territorio nacional, obligación de entrega de pasaportes y de comparecer diariamente “apud acta” ante el Juzgado- la Sala estima que los hechos constituyen indiciariamente presuntos hechos delictivos, al considerar que el contenido de la obra constituye “a priori” un modo de promover o incitar al odio o la violencia contra determinado grupo de personas, una parte o determinadas personas por los motivos que se continene en el art. 510 CP.
Según el Tribunal se trata de un delito abstracto que se consuma con la provocación al odio, sin que sea preciso que el receptor del discurso modifique su conducta influenciado por éste. La libertad ideológica y la libertad de expresión no pueden amparar bajo su protección la utilización del menosprecio y el insulto contra las personas, por oponerse al derecho a la dignidad, la igualdad y el honor.

EL TS. PROHIBE A LA SEGURIDAD SOCIAL EMBARGAR A EMPRESAS QUE SE HALLEN EN FASE DE LIQUIDACIÓN CONCURSAL

El Tribunal Supremo ha prohibido los embargos de la Seguridad Social sobre los créditos contra la masa de empresas concursadas que se encuentren en fase de liquidación al considerar que “contradice el carácter universal que supone la liquidación concursal”.
La Sala Civil del alto tribunal ha anulado la sentencia de la Audiencia Provincial de Sevilla que aprobó el embargo realizado por la Seguridad Social, en julio de 2012, de activos de Astilleros de Sevilla S.A. por 1,6 millones de euros, que se correspondían con el importe de los créditos contra la masa devengados a su favor.
El Supremo recuerda el art. 55,1 de LC prohibe el inicio de ejecuciones singulares y la continuación apremios administrativos o tributarios contra el patrimonio del deudor, excepción hecha únicamente respecto de ejecuciones administrativas o laborales sobre determinados bienes que estuvieran ya embargados antes de la declaración de concurso.

El TEDH avala que los empresarios puedan “controlar” el email privado de sus empleados.

El Tribunal de Derechos Humanos avala que el empresario pueda revisar el contenido de las comunicaciones de sus empleados, incluso cuando se realicen desde una cuenta privada y aún no existiendo un perjuicio para la empresa que lo justifique. Asi se recoge en una sentencia de 12 de enero en el caso “Babulescu vs. Rumanía”. En el supuesto enjuiciado, el empleado se abrió una cuenta de mensajería privada, a instancias de su empleador, para responder consultas con sus clientes, desde un ordenador de la empresa y en horas de trabajo.

Después de que durante nueve días controlara el contenido de los mensajes, el empresario comunicó al empleado que sabía que estaba utilizando la cuenta con fines personales. El empleado negó la acusación afirmando que tan sólo le daba fines profesionales. El empleador le mostró las transcripciones. Y finalmente fue despedido.

El TEDH afirma que, en un supuesto como el descrito, debe valorarse la existencia de un “justo equilibrio” entre el respeto de su vida privada y su correspondencia, “y los intereses del empleador”.

El fallo cuenta con el voto particular del magistrado Paulo Pinto, que sostiene que las comunicaciones realizadas a través de Internet no están menos protegidas “por la única razón de que se produzcan durante la jornada laboral, en el lugar de trabajo o en el contexto de una relación laboral”.

EL COLEGIO DE ABOGADOS DE MÁLAGA Y EL COLEGIO DE PROCURADORES SOLICITAN LA SUSPENSIÓN DEL SISTEMA LEXNET HASTA QUE SE GARANTICE SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO

El decano del Colegio de Abogados de Málaga, D. Francisco Javier Lara, y el de Procuradores, D. Francisco M. Bernal han solicitado la suspensión inmediata o la moratoria de la obligatoriedad de persentación telemética de escritos a través de Lexnet, hasta que no se garantice su correcto funcionamiento. Asimismo, ambos colegios señalan su rechazo y negativa a la imposición por parte de algunos órganos judiciales que pretenden mantener junto al obligatorio uso del sistema electrónico, la presentación de escritos en papel, y que no está previsto en la normativa vigente.

El Gobierno modula las tasas judiciales y rebaja la cuota variable del 0,50 al 0,10 % (26/2/2013)

El Ministerio de Justicia ha aceptado parte de las recomendaciones efectuadas por la Defensora del Pueblo en relación a la Ley 10/2012 reguladora de las tasas judiciales. Leer más

Gallardón anuncia que reducirá un 80 % las tasas judiciales (20/2/2013)

El Ministerio de Justicia ha anunciado a la Defensora del Pueblo que reducirá en un 80% las tasas judiciales variables de las personas físicas en primera instancia y en recursos en la jurisdicción civil, contencioso-administrativa y social. Leer más

SEGÚN EL TC, LA MEDIDA DE ALEJAMIENTO ES DE IMPOSICION OBLIGATORIA AUNQUE LA VICTIMA NO QUIERA

Rechaza así una cuestión de inconstitucionalidad planteada por la Audiencia Provincial de Las Palmas, que dudaba acerca de la racionalidad de la imposición de esta medida en contra de los deseos de la víctima. Leer más